Propietarios movilizados por las prohibiciones en el humedal del Arroyo

Un grupo de vecinos de Sicardi/Villa Garibaldi, ubicado entre la calle 670 y el arroyo El Pescado, se encuentra en medio de un conflicto con la Municipalidad de La Plata debido a una reciente ordenanza que prohíbe las construcciones en la zona. Los residentes, afectados por esta medida, expresan su preocupación y luchan por sus derechos y garantías.

Esta ordenanza, emitida por la Municipalidad en noviembre de 2021, ha puesto en jaque a cerca de un centenar de viviendas familiares, muchas de las cuales fueron adquiridas con esfuerzo a través de créditos como el Procrear o por medio de la posesión veinteñal. Los propietarios argumentan que poseen la escritura de dominio y han cumplido con todos los requisitos legales, incluyendo el pago regular de impuestos municipales y provinciales.

Los vecinos, lejos de ser "intrusos u ocupantes ilegales", como los ha calificado la Municipalidad, se sienten desamparados y temen perderlo todo de un día para otro. Alegan que las construcciones se realizaron en terrenos que han sido divididos y cedidos al uso público desde hace décadas, lo cual está debidamente documentado y ha sido presentado como prueba en el expediente.

Sin embargo, la ordenanza municipal se basa en una ley provincial que regula el área como "paisaje protegido". Aunque la zona no ha sido oficialmente declarada como humedal, los propietarios insisten en que existe una diferencia jurídica significativa entre un "paisaje protegido" y un "humedal". Según ellos, la ley provincial permite construir en un paisaje protegido siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos y se obtengan los permisos correspondientes.

El conflicto se agrava debido a que la disputa legal se centra solo en una pequeña porción de la zona protegida, mientras que el área abarca miles de hectáreas, desde Olmos hasta la Balandra, afectando a un gran número de familias. Los residentes critican la falta de una política habitacional clara y concreta por parte del municipio y consideran que se trata de una medida impulsada más por motivos políticos que ambientales.

Ante esta situación, los vecinos afectados han decidido luchar por sus derechos y garantías. En colaboración con un grupo de abogados, se preparan para velar por las construcciones realizadas entre las calles 7 a 22 y de 670 a 673, demostrando que no existe ningún impedimento legal en estas áreas específicas. Asimismo, solicitan una reglamentación clara y precisa que establezca los límites reales para la construcción en la zona, evitando así futuros conflictos.