Lucio Porté
Argentina volvió a vivir este martes una jornada de movilización masiva en defensa de la educación pública. La cuarta Marcha Federal Universitaria reunió a decenas de miles de personas en todo el país y tuvo su epicentro en Plaza de Mayo, adonde llegaron columnas de estudiantes, docentes, no docentes y ciudadanos independientes provenientes de cada rincón del territorio nacional. El reclamo es el mismo que lleva más de dos años sin respuesta: el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) y la recomposición de salarios que perdieron un tercio de su valor real desde fines de 2023.
La convocatoria surge en un contexto de fuerte judicialización. La semana previa a la marcha, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitó al Gobierno a llevar el conflicto a la Corte Suprema de Justicia, otorgando efecto suspensivo a las medidas cautelares que ordenaban al Estado transferir fondos de manera inmediata. Esa decisión dejó en suspenso los artículos 5 y 6 de la ley, que son precisamente los que garantizan la actualización automática de salarios y becas según el Índice de Precios al Consumidor.
"Sin presupuesto no hay futuro." La consigna leída frente a la Casa Rosada sintetizó el reclamo de una comunidad educativa que sostiene el ciclo lectivo al límite de sus posibilidades.
Consigna central · Cuarta Marcha Federal Universitaria · 12 de mayo de 2026
La movilización de este martes es la más reciente de una serie de protestas que se inició en abril de 2024 y que ha ido escalando en exigencias a medida que el Gobierno sostenía su negativa a actualizar las partidas presupuestarias conforme a la inflación. Cada marcha sumó nuevos sectores: lo que empezó como un reclamo exclusivamente universitario hoy reúne a sindicatos, organizaciones sociales y ciudadanos sin ninguna vinculación directa con el sistema educativo pero que perciben a la universidad pública como un bien común irrenunciable.
El deterioro presupuestario no se mide solo en sueldos. Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), durante el primer cuatrimestre de 2026 la inversión real en universidades cayó un 7,9% respecto al mismo período del año anterior. Comparada con 2023, la reducción trepa al 30,7%, llevando al sistema al nivel de inversión por estudiante más bajo desde 2004. Los gastos de funcionamiento —luz, gas, mantenimiento edilicio— absorben cada vez más recursos, dejando menos margen para la actividad académica.
El impacto más crítico, sin embargo, recae sobre los hospitales universitarios. Con apenas el 9,3% del presupuesto previsto ejecutado en lo que va del año, instituciones como el Hospital de Clínicas o el Policlínico San Martín enfrentan una situación de asfixia que pone en riesgo cirugías programadas y tratamientos complejos. Estos centros de salud no solo forman profesionales: atienden gratuitamente a miles de personas que no tienen otra opción de acceso al sistema sanitario.
En las facultades se reporta la renuncia de un docente cada dos días. Los profesionales abandonan la universidad pública porque un salario de 332.000 pesos brutos no alcanza para cubrir la canasta básica.
Datos del sector docente · Abril 2026
Frente a la magnitud de la marcha, el Ejecutivo mantuvo su postura sin concesiones. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo que las transferencias se realizan regularmente y calificó el reclamo de "arbitrario", anunciando además la creación de un micrositio para publicar estadísticas de gestión universitaria y anticipando futuras auditorías a las finanzas de las casas de estudio. La estrategia oficial apunta a instalar la idea de que el problema es de administración interna, no de financiamiento.
Las universidades y los gremios rechazaron esa lectura. El rector de la UNLP, Fernando Tauber, subrayó que la defensa de la educación pública "no responde a intereses partidarios sino a la protección del futuro del país". El Consejo Interuniversitario Nacional advirtió que el sistema solo puede sostenerse "unos meses más" bajo las condiciones actuales. Rectores, decanos, estudiantes y trabajadores marcharon en la misma columna, un gesto de unidad institucional que la comunidad universitaria no siempre logra articular.
La resolución del conflicto depende en gran medida de la Corte Suprema de Justicia, que debe pronunciarse sobre si el Estado está constitucionalmente obligado a actualizar las partidas universitarias según la inflación. Mientras tanto, los gremios docentes y estudiantiles ya están en asamblea permanente y analizan nuevas medidas de fuerza para fines de mayo si no hay convocatoria a paritarias. La marcha del 12 de mayo no es un punto final: es la presión más reciente sobre un conflicto que, lejos de resolverse, se profundiza con cada mes que pasa sin acuerdo.
