La Asociación de Auditores Internos del Estado detectó graves irregularidades administrativas y financieras

La auditoría, que se desarrolló entre el lunes 18 de diciembre y el viernes 19 de enero, trabajó sobre puntos críticos, como la sobredimensión de la estructura del personal, las contrataciones directas y la transparencia municipal, que arrojó resultados por demás escandalosos. En este último ítem, por ejemplo, se produjo una calificación de 0 puntos producto de una nula exposición de datos.

Este informe llega tras la primera etapa de revisión que llevó adelante la Municipalidad, donde se determinó que, sobre un total de 12.573 agentes, el 56 por ciento de las personas que cobran no asisten a trabajar. En este marco, comenzó a implementarse el sistema biométrico que permite fiscalizar el ingreso y egreso a través del escaneo de la huella digital.

PUNTO POR PUNTO, LAS DEFINICIONES QUE DEJÓ LA AUDITORÍA DE LA AAIE

En cuanto al análisis referido al personal, el informe arroja que la Municipalidad carece de procedimientos escritos de control interno que aseguren confiabilidad en las operaciones y permitan mejorar los servicios.

En este ítem, se comprobó que durante los últimos 8 años ingresaron más de 6.000 agentes que equivalen al 52 % del total de la planta actual. El informe observa que la anterior gestión casi duplicó la planta recibida y claramente las decisiones y actos tomados en estos años, vulneran la Regla de fin de mandato (correspondiente a la Ley de Responsabilidad Fiscal 13295) comprometiendo gastos corrientes de carácter permanente.

Asimismo, expone “un plan sistemático de incorporación de personal sin que tenga justificación en la prestación de nuevos servicios”, con la consecuente invalidez por no contar con recursos financieros para su financiación.

En consecuencia, la investigación sugiere avanzar con lo que la gestión actual ya comenzó, que es un análisis exhaustivo de la planta para evitar “el sobredimensionamiento de las estructuras y los costos asociados”, a la vez que se planteó la “exigencia de capacitación”, para alcanzar un sistema de trabajo realmente eficiente al servicio de los vecinos.

El segundo punto es de los más llamativos, ya que tiene que ver con el uso y abuso de la figura de Contratación Directa. El informe califica como “de extrema gravedad” este sistema, ya que vulnera la normativa vigente y se sugirió su eliminación como regla y no como excepción, que es como debería funcionar.

Por ejemplo, este mecanismo se aplicó en el 62 por ciento de las compras y contrataciones del segundo semestre de 2023 por un total de 4.371 millones de pesos. Esto encendió las alarmas entre los auditores, quienes evaluaron que se trató de “una práctica habitual con el objeto de dirigir las mismas a proveedores predeterminados, ya que no existen las causales para una contratación directa”. 

El tercer punto, referido a la transparencia institucional, el informe destaca que el Municipio “evolucionó negativamente” en el Índice de Transparencia y Visibilidad de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), a través del cual se pondera diferentes tipos de información relevada por cada Comuna. A saber, en el tercer trimestre de 2023 la anterior gestión obtuvo una calificación de 0 puntos, lo que significa una nula exposición de datos.

Aquí, uno de los puntos críticos tiene que ver con el incumplimiento en la obligación de publicar cada trimestre un Balance de Tesorería público para conocimiento de los vecinos, como así también la rendición de cuentas del ejercicio 2022 fuera de los tiempos correspondientes, entre otras faltas administrativas de gravedad como la falta de presentación del Libro de Contratos y Licitaciones; modificaciones presupuestarias sin explicación y la omisión de presentación del Programa Plurianual de Proyectos de Inversión.

Como corolario del informe, la mencionada auditoría externa ratificó los resultados obtenidos por el Municipio de La Plata en primera instancia, arrojando severas irregularidades administrativas y financieras con respecto al personal, a las contrataciones directas y a la transparencia.

Finalmente, aseguró que “es preciso impulsar un escenario que propicie una nueva manera de entender y asumir las responsabilidades inherentes a la gestión y control de la función pública”.