Lucio Porté
Representantes de las empresas de transporte se reunieron recientemente en con las Cámaras de transporte de la provincia y con entidades del AMBA para analizar el complejo escenario financiero. El principal foco de preocupación es el constante incremento en el precio del gasoil, insumo básico que muchas empresas deben adquirir, en muchos casos por fuera de los acuerdos con YPF. Esta situación genera un desfasaje operativo que pone en riesgo la normal prestación de los recorridos en la ciudad y las localidades vecinas.
Ante la situación actual de reducción en las frecuencias, las autoridades de la Municipalidad de La Plata iniciaron un proceso de notificación formal a todas las prestatarias. El objetivo es garantizar que no se realicen recortes de servicios que afecten a los vecinos. Desde la gestión local confirmaron que ya se están enviando las sanciones correspondientes a aquellas firmas que no cumplen con los cronogramas establecidos. No trascendió aún el tipo de sanción.
La dimensión económica del conflicto es alarmante para las arcas públicas. Un incremento de 500 pesos en el litro de gasoil representa un costo adicional de aproximadamente 20.000 millones de pesos por mes para la Provincia de Buenos Aires. Este gasto extra se produce en un contexto de reducción de la coparticipación federal, lo que vuelve la situación financieramente insostenible para cualquier administración municipal.
Frente a este panorama, tanto las empresas como los funcionarios locales coinciden en que la solución requiere la intervención directa del Ejecutivo Nacional. Se demanda con urgencia el establecimiento de una política de costos de combustibles adecuada para el sector. Sin una normativa que estabilice los precios o actualice los subsidios, el sistema de transporte regional enfrenta un futuro incierto.
