Lucio Porté
El conflicto se originó cuando, en abril de este año, la administración municipal actual revirtió el beneficio de planta permanente, reincorporando al personal como temporario. Esta medida, según los trabajadores, les ha hecho perder más de $100.000 por la falta de percepción de la antigüedad. Además, denuncian que el concurso prometido para regularizar su situación, que debía comenzar en junio, aún no se ha realizado.
Los empleados también señalan que los aumentos salariales otorgados no alcanzan el 91.5% anunciado públicamente por el municipio. Según los datos proporcionados por los trabajadores, los incrementos para 2024 han sido de un 30% en febrero, un 30.5% en abril, un 6.5% en julio, y un 6% en agosto, sumando un total de 43%. Estos porcentajes son insuficientes para compensar la inflación y mantener el poder adquisitivo.
Otro punto de reclamo es el incumplimiento del decreto municipal N° 825/18, firmado por el ex intendente Julio Garro, que equiparó los sueldos de los empleados de salud a los de la Ley 10471 de la Provincia de Buenos Aires. Los trabajadores aseguran que esta normativa no se está cumpliendo, lo que agrava su situación económica.
Las condiciones edilicias de los CAPS también forman parte del conflicto. Denuncian que muchos centros no cuentan con servicios básicos como agua, gas, conexiones eléctricas confiables, líneas telefónicas y acceso a Internet. Además, faltan insumos esenciales como gasas, algodón, vendas, agujas, entre otros elementos necesarios para la atención en Enfermería.
La situación es aún más crítica para los enfermeros que cumplen turnos nocturnos y fines de semana, quienes pertenecen a cooperativas que no les han abonado sus sueldos desde hace más de tres meses. Los empleados también rechazan la reciente implementación de un sistema biométrico para controlar la asistencia, considerándolo un gasto innecesario que debería haberse destinado a mejoras en los espacios laborales. Además, denuncian la persecución mediante verificaciones excesivas de licencias médicas y la constante actualización de documentación, lo que implica una pérdida de dinero y tiempo.
Ante esta situación, los trabajadores decidieron iniciar la retención de tareas en sus lugares de trabajo, difundir su problemática en medios locales y nacionales, y proyectan movilizarse hacia la Municipalidad. Exigen el respeto al Decreto N° 825/18, la devolución de las plantas permanentes, la resolución de la precarización laboral, el llamado a paritarias, y una audiencia con el intendente para abordar estos problemas.
