El fraude eléctrico es una práctica ilícita que consiste en la manipulación de las instalaciones para consumir energía sin la debida registración y, por ende, evadir el pago. Esta actividad no solo compromete la seguridad en la vía pública, sino que también impacta negativamente la calidad del servicio eléctrico que reciben los usuarios que cumplen con sus obligaciones, además de acarrear graves consecuencias legales para quienes la cometen.
